La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria ha ido adquiriendo una creciente importancia en estas últimas décadas. Los tribunales y los Consejos consultivos vienen siendo los receptores de esa progresiva concienciación ciudadana en la exigencia tanto de los derechos como del estándar de calidad en el funcionamiento de los servicios públicos, de lo que da buena cuenta el incremento de reclamaciones y demandas por acción, por omisión y, en todo caso, por un funcionamiento defectuoso del servicio sanitario.

Estas circunstancias, unidas a la complejidad de la materia, exigen el manejo de criterios claros de interpretación y valoración de los aspectos sustantivos y procedimentales del instituto resarcitorio.