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Adaptado al RD-Leg. 1/2020 de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Concursal
24 capítulos, con un total de 326 epígrafes, a lo largo de los cuales se analiza el Texto Refundido de la Ley Concursal a la luz de las resoluciones de juzgados y tribunales dictadas en base a la Ley Concursal de 2003.
Aproximación crítica a los grandes retos a los que se enfrenta el mercado de trabajo como consecuencia del uso intensivo de las tecnologías, para garantizar el difícil equilibrio entre los intereses empresariales y las demandas de los trabajadores.
Aborda monográficamente la prevención del daño (la tutela inhibitoria), y las formas de reparación, tanto in natura como mediante indemnización, incluida la valoración del daño moral. Se ocupa también de las acciones colectivas contra daños.
Las obras y reparaciones de la vivienda arrendada, sean de conservación o de mejora, a cargo del arrendador o del arrendatario, son cuestiones muy controvertidas que, en la práctica, han suscitado numerosas controversias entre arrendador y arrendatario, dando lugar a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler de vivienda y mucha litigiosidad entre las partes.
Analiza desde un punto de vista práctico, la regulación de los acuerdos de refinanciación en el Texto Refundido de la Ley Concursal. La nueva regulación legal supone una mejora sustancial de la Disposición Adicional 4º de la vieja norma.
Plantea una aproximación útil, clara y didáctica a un procedimiento complejo, de gran trascendencia para compañías en situación de insolvencia. Ante las incertidumbres económicas generadas por el coronavirus esta obra aborda los elementos formales y materiales necesarios para refinanciar las deudas de grandes y medianas empresas.
Ofrece una explicación clara y práctica del funcionamiento y administración de los distintos tipos societarios, con múltiples ejemplos prácticos y los formularios y modelos más utilizados dentro del devenir de las sociedades.
Destinado a Empresas y profesionales, Asesores de empresa, administradores societarios y auditores.
Todos los problemas asociados a la tributación de las IIC, que son, todavía hoy, unas grandes desconocidas por parte de la mayoría de la población, a pesar de constituir el cauce natural para la participación de los inversores minoritarios en los mercados de capitales.
Su doble condición de fórmulas de financiación desintermediadas y de instrumentos de ahorro privilegiado para inversores minoristas las convierten en un sector de atención prioritaria para la política financiera española.
La monografía resuelve la cuestión de la competencia judicial de los tribunales españoles y la ley aplicable a las distintas cuestiones planteadas en los actos de liberalidad con elemento extranjero, así como la efectividad en España de las donaciones otorgadas en el extranjero.
El objetivo de la obra es poner a disposición del lector un instrumento idóneo para resolver las dudas procesales que se le planteen, de un modo sencillo pero riguroso, desechando disquisiciones doctrinales sin provecho práctico inmediato.
Destinado a todos los operadores jurídicos que desarrollan su actividad ante los Tribunales civiles, tales como Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados y Procuradores, el trabajo se completa con formularios y casos prácticos y con un exhaustivo índice de voces que ayudarán a quienes lo manejen a encontrar las materias de su interés.
La inteligencia artificial plantea importantes desafíos jurídicos a los que se debe hacer frente con regulaciones que garanticen la equidad, igualdad, seguridad jurídica, transparencia y rendición de cuentas.
Manual imprescindible que aborda el contenido de esta disciplina con un enfoque didáctico pero sin perder el rigor jurídico necesario en un trabajo de estas dimensiones.
Como es sabido la exención de las operaciones financieras en el IVA ha de ser objeto de interpretación estricta, dado que la misma supone una excepción a la generalidad del Impuesto, contribuyendo a asegurar su efecto neutral. Tradicionalmente desde la jurisprudencia comunitaria se ha venido fundamentando la razón de ser de la citada exención en la necesidad de paliar las dificultades asociadas a la determinación de la base imponible así como del importe del IVA deducible, siendo conveniente además evitar un aumento del coste del crédito al consumo.