Descripción
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el ordenamiento procesal civil experimenta una transformación fundamental al incorporar los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). Esta reforma instaura la obligatoriedad de intentar una solución negociada como requisito previo a la admisión de la demanda, lo que supone un cambio de paradigma que desplaza el foco de la justicia puramente contenciosa hacia una justicia deliberativa y consensuada.
El contenido se estructura de manera sistemática para guiar al profesional a través de todas las fases de este nuevo itinerario. Se comienza por definir el ámbito de aplicación de los MASC, detallando las materias y procesos excluidos. Posteriormente, se analiza la dinámica de la negociación: desde cómo acreditar la iniciativa y responder a ella, hasta los plazos, la asistencia letrada y el uso de medios telemáticos. Se dedica un apartado crucial a la formalización del acuerdo, su contenido mínimo, su posible elevación a escritura pública y la creación del título ejecutivo.
La principal aportación reside en su análisis profundo de las fricciones normativas y los vacíos legales que presenta la nueva regulación. No se limita a describir los preceptos, sino que sugiere soluciones a los problemas interpretativos, abordando cuestiones complejas como el efecto vinculante del acuerdo y sus causas de impugnación, el tratamiento de la confidencialidad, y las decisivas consecuencias que la conducta de las partes en la fase negocial tiene sobre la condena en costas en el proceso judicial posterior.
Este estudio está dirigido a todos los operadores jurídicos —abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, jueces, notarios y mediadores— que deban adaptarse a esta nueva realidad procesal. Su enfoque práctico y exhaustivo lo convierte en una herramienta indispensable para afrontar con seguridad la fase de negociación, documentar correctamente cada actuación y comprender plenamente los efectos que esta etapa previa proyecta sobre el litigio, la ejecución del acuerdo y, en particular, sobre el régimen de costas.
