El libro sobre arrendamientos urbanos, el que llamamos “el Fuentes Lojo” fue un clásico de tal difusión que era raro que un jurista que aplicara tal ley no lo tuviese a mano.
En mi primer destino de Juez de 1.ª Instancia –hace ya más de cincuenta años– no lo tenía porque, simplemente, la L.A.U. no estaba en vigor –no se había promulgado allí, en la Guinea Ecuatorial,– pero en el primero que tuve en la península –Mataró– lo tenía permanentemente a mano.
Su autor fue Juez Municipal en Barcelona, fue promocionado al Tribunal Supremo y, por mor de la jubilación, se dedicó en Barcelona al ejercicio libre de la abogacía.
En todos sus puestos jurídicos destacó su profesionalidad y su buen honor, tal como se le veía al conocer su libro, que ni siquiera sé la cantidad de ediciones que alcanzó. Pero un buen día para bien o para mal, se promulga una nueva L.A.U. y ya aquel libro, de obligada consulta, deja de publicarse. Es preciso no una nueva edición, sino algo nuevo, esencialmente nuevo.
Mientras tanto, a la espera del mismo, hemos estado huérfanos del nuevo “Fuentes Lojo”. Se han publicado, al compás de la promulgación de la L.A.U. de 1994, varios comentarios, entre ellos el que yo dirigí en la editorial Edersa, con un éxito muy relativo, es decir, muy poco aceptable. Pero ninguno fue el “Fuentes Lojo”.
Y ¡por fin! se emprende el nuevo o más bien el novísimo “Fuentes Lojo”.
Es el libro que Vd., desocupado lector, como dice Cervantes en su prólogo de la primera parte de El Quijote o, más bien, ocupado jurista, tiene en sus manos (o en su pantalla).
Es el clásico “Fuentes Lojo” que ahora ve la luz de manos del hijo y del nieto de Juan Ventura, del que, por cierto, me honro en la amistad que nos unió. Los autores son juristas en el sentido más amplio de la palabra, que comprende no sólo el estudio doctrinal que siempre hace falta, sino también la práctica diaria del bufete de abogados que les permite conocer de una forma directa la vida de los ciudadanos que se enfrentan a la aplicación de una ley que tantas opiniones, aplicaciones y controversias permite. No se puede decir que sea una obra teórica o puramente doctrinal ni tampoco una obra tan sólo práctica, sino que combina ambas concepciones y se puede afirmar que es una obra teórico-práctica.
Ésta no sigue la misma sistemática del cásico “Fuentes Lojo” porque, como se explica en la introducción, se ha adaptado su contenido a la realidad social de las publicaciones jurídicas y a la evidencia de la digitalización de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la llamada “menor”, de la Audiencia y Juzgados, cuyas bases de datos son completas y útiles, a veces con demasía.
La técnica de analizar una ley comentando sus artículos, uno por uno, se ha criticado pero la realidad, realidad jurídica, ha vencido a las críticas adversas y son constantes las obras que han analizado los artículos. Cuya sistemática es útil tanto al jurista práctico como al teórico (realmente, ambos tipos de jurista se confunden) y le permite abarcar la problemática que se le plantea en su día a día en su tarea de aplicar la ley.
El arrendamiento urbano es uno de los temas que más enjundia han tenido en la época actual, entendiendo por actualidad del espacio temporal de las últimas décadas.
La cantidad de procesos arrendaticios ha sido inmensa y la publicación de tratados, tesis doctorales y congresos y conferencias ha sido constante.
Esta obra que ahora ve la luz no es una más, sino que recupera el carácter de clásico que tuvo el originario “Fuentes Lojo”. Es un auténtico tratado, completo y claro. Vaticinó su carácter de clásico, con su concepto y su difusión y la importancia de ser una obra absolutamente actualizada, incluso con normas del presente año 2019. Hay que recordar que la L.A.U. de 1964 estuvo en vigor durante treinta años, con reformas que hacen que la norma esté viva y responda al espíritu del pueblo. Lo cual implicaría que el presente “Fuentes Lojo” se mantenga vivo, se actualice, si hace falta, y se multiplique las ediciones, como lo fue el primer “Fuentes Lojo”.
Xavier O’Callaghan
Magistrado del Tribunal Supremo
Catedrático de Derecho civil
